PARLAMENTO DE GALICIA PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA RESTAURACIÓN DE LA FONTANERÍA

Con fecha 10 de febrero de 2022 se celebró en el Parlamento de Galicia la Comisión 6ª, Industria, Energía, Comercio y Turismo, en la que se debatió por iniciativa del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia la proposición no de ley 2057 sobre la modificación por parte de la Xunta de Galicia del Decreto por el que se actualiza la normativa en materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia, para permitir el control efectivo de la actividad de la fontanería.

El Grupo Parlamentario de los Socialistas (PSG PSOE), por iniciativa de su diputado D. Martín Seco García, presenta ante la mesa la proposición no de ley para su debate en la Comisión 6ª.

Informa el Sr. Seco que el Grupo Parlamentario Socialista está preocupado por la situación creada en Galicia por la aprobación del Decreto 51/2011, del 17 de marzo por el que se actualiza la normativa en materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior y a la Ley 17/2009, del 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, lo que produjo un importante deterioro de la situación de la actividad de la fontanería en Galicia debido a la caótica desregulación del sector llevada a cabo por el Gobierno de la Xunta de Galicia.

Desde entonces el colectivo que representa FAEIGA, compuesto por las empresas instaladoras de las provincias de Lugo, Orense y Pontevedra, colectivo de más de 600 pequeñas y medianas empresas, pidió que se adapte este decreto a la obligatoriedad del registro de empresas e instalaciones de fontanería tal como ocurre en otras autonomías españolas y estados de la Unión Europea.

Según afirman desde estas empresas instaladoras es tal el estado de abandono del sector, que la propia Consellería de Industria elaboró un borrador de enmienda del Decreto, ahora publicado, en el que reconoce que la publicación del citado Decreto, provocó un incremento de la economía sumergida, suponiendo un cambio drástico en el sector tradicionalmente regulado, como no podía ser menos cuando se trata de una actividad que afecta a la salud y bienestar de las personas, borrador en el que no solo rectificaban el error cometido, si no que pretenden seguir manteniendo de forma inexplicable su postura política, que no técnica, estableciendo un registro voluntario de empresas e instalaciones, solución que es inadmisible e improcedente.

Comenta el Sr. Seco que aunque el problema aquí expuesto es de gran importancia para la población gallega, y aún a pesar de los reiterados intentos de llegar a acuerdos del colectivo de empresas instaladoras con la Consellería de Industria para que rectificasen su error, no fue posible establecer un escenario legal que permita el control efectivo por parte de la Administración tanto de las empresas instaladoras, como de las instalaciones realizadas, manteniéndose una situación que entienden grave por ser causa del aumento de los trabajos realizados por personas no dadas de alta a efectos tributarios y en la seguridad social, sin cualificación profesional suficiente, sin seguro de responsabilidad civil, con trabajos sin emisión de facturas legales, sin reunir unos mínimos de calidad y en definitiva sin garantías de ningún tipo, con los consecuentes prejuicios para los profesionales del sector que cumplen con la ley, y también para los consumidores y la propia Administración.

Por todo lo expuesto por el Sr. Martín Seco, el Grupo Parlamentario Socialista de Galicia PSG-PSOE, presenta la siguiente proposición de ley que a continuación se detalla:

El Parlamento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a modificar el Decreto por el que se actualiza la normativa en materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia, estableciendo un escenario legal que permita el control efectivo, tanto de las empresas instaladoras, como de las instalaciones realizadas, y en definitiva que tenga garantías para los consumidores y la propia Administración.

Una vez finalizada la intervención del Sr. Martín Seco, toma la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Sr. Fernandez Alfonzo, el cual informa que es un tema que viene de lejos, complejo y que en el propio sector no existe unanimidad, las discrepancias comienzan con la aprobación del Decreto 51/2011, del 17 de marzo.

Las discrepancias consisten, en que si las empresas instaladoras deben registrarse obligatoriamente o no en su actividad, inscribirse en un registro público constituido para estos efectos con el objetivo de dotar de seguridad, de publicidad, de garantías de profesionalidad, de garantías de que las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y por lo tanto en beneficio de los consumidores y consumidoras, de las propias empresas que eliminarían por esta vía competencia desleal, de personas que se dedican a estos servicios sin atender sus obligaciones tributarias y de cotización, dando lugar a la economía sumergida la cual se evitaría.

Comenta que el decreto de 51/2011 elimina el registro para las empresas de fontanería, en setiembre del 2021 la Xunta aprueba el decreto 133/2021 por el que se crea el registro de empresas instaladoras de fontanería de Galicia, y registro de instalaciones interiores de suministro de agua de Galicia, ambos registros son de carácter voluntario, lo que choca con algunas de las manifestaciones que se contienen en los motivos expuestos,  informa que la economía sumergida creció en este sector, como consecuencia de la citada liberalización, que supuso un cambio muy drástico en el sector tradicionalmente regulado. Comenta que parece que la Xunta no puede hacer nada para evitar este hecho, hay posiciones encontradas, y no hay razones de peso, ya que tres de las cuatro asociaciones de las provincias gallegas constituidas en Federación, defienden que la Xunta puede y debe decretar la obligación de registrarse, lo cierto es que en cuanto a este asunto aparecen muchas diferencias entre las comunidades Autónomas del Estado Español y también entre los diferentes estados de la Unión Europea. En el BNG están de acuerdo en procurar los mecanismos que pongan remedio a ese aumento de la prestación de servicios al margen de la legalidad, porque parece evidente que con eso ganarían todos los sectores, por lo tanto van a apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que a pesar de su falta de concreción ya que no hablan explícitamente de obligatoriedad ni de plazos, posibilita que esa mejoría del control administrativo que comparten se haga con rigor, esta es su principal preocupación, acompañada de una necesaria campaña de divulgación y de ayuda dirigida a las personas que a día de hoy carecen de títulos académicos, de los certificados profesionales o de las acreditaciones de competencias que el Decreto de la Xunta establece como necesarios para actuar como empresa instaladora, es un sector en el que trabajan muchas personas que carecen de estos títulos habilitados sobre todo las personas de mayor edad, personas que podrían acceder a estos títulos con acreditación de experiencia laboral. Hay muchos casos en los que los instaladores desconocen estos procedimientos, motivo por el cual insisten en que se debe acompañar el establecimiento de requisitos de registro o de control de la actividad de las necesarias campañas de información o de ayuda, diseñadas para no provocar la expulsión del mercado de estas personas expertas que vienen prestando estos servicios de fontanería cumpliendo con todas las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social, son procedimientos muy desconocidos, que las personas interesadas sería necesario que las supiesen bien. Desde el BNG, comentan que están a favor de aumentar el control en estas actividades y son conscientes de la existencia de las diferentes posturas en el plan técnico jurídico, sobre donde, puede llegar la Xunta de Galicia en esta regulación, y les preocupa sobre todo la no expulsión del mercado de trabajo de personas expertas que cumplen sus obligaciones fiscales  y de Seguridad Social, por lo tanto entienden que la resolución que propone el PSOE camina hacia ese horizonte y da margen para que se hagan las cosas correctamente.

Una vez acabada la intervención del Sr. Fernandez Alfonzo, toma la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP Galicia), D. Carlos Gómez Salgado, comentando que el Sr. Seco ha hecho una relación abrumadora de decretos, de articulados, de textos legislativos unitarios, comunitarios, autonómicos, estatales y mismo de diferentes países, para decir no se sabe muy bien lo que. Afirma estar bastante más cerca de la exposición de motivos realizada por el BNG, que por la del Grupo Socialista, que no acaba de entender muy bien. Informa que el estado, mediante el Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el CTE, derogó la orden del ministerio de industria del 9 de diciembre de 1975, por la que se regulaban las normas básicas de las instalaciones interiores de abastecimiento de agua, que era la norma básica estatal que regulaba las aguas interiores, las instalaciones de suministración y las empresas autorizadas para ejecutarlas, liberalizando en el 2006 el sector con esa derogación. Comenta que fue la legislación estatal de un Gobierno Socialista la que liberalizó este sector, y, en consecuencia, la Xunta de Galicia derogó mediante el decreto que nos ocupa, el RD 51/2011 del 17 de marzo, la legislación autonómica porque ya no contaba con una legislación estatal básica en la que ampararse. El sector sabe que, en el marco legal actual, las instalaciones interiores de abastecimiento de aguas, y las empresas que las realizan, no están sujetas a ninguna normativa de seguridad industrial, y por lo tanto se trata de una actividad liberalizada, a la que se le aplica en su integridad la directiva 2006/123 de la comunidad europea, relativa a los servicios en el Mercado Interior, como recuerda el portavoz del BNG. Para tratar de paliar la problemática existente en el sector fontanero provocado por aquella desregularización promovida por el Gobierno central en el año 2006,  la Xunta de Galicia lo que hizo, o lo que podía hacer,  fue aprobar, con el apoyo inequívoco, y es verdad que aquí no hay una unidad de criterios dentro del propio sector, de Fegafón, la Federación a la que inicialmente pertenecían los miembros de la nueva Federación FAEIGA, que se fundó aproximadamente, hace un año, año y medio,  y la Xunta aprobó un decreto que crea un registro voluntario de empresas de fontanería, y un registro de las instalaciones que realizan, para que los ciudadanos que necesitan tener acceso a servicios de este tipo de empresas, puedan tener a su disposición un listado de profesionales con estándares de alta calidad y seguridad técnica, que les  permita tener más información a la hora de decidir a quién contratan esos servicios, siendo para las empresas de fontanería y para profesionales de fontanería que se inscriban, una forma efectiva de garantizar a sus clientes una mayor calidad. Recalca al Sr. Seco que son conscientes de que la mejor solución para el sector sería volver a la regulación inicial, la que existía antes de la directiva de servicios, pero eso no es posible, sobre todo sin que el Estado Central regule previamente el sector con una legislación básica, y explica al Sr. Seco que esto lo conoce perfectamente, por eso a sabiendas de esta circunstancia, no quiere pensar que el Grupo Socialista está tratando de orientar o instrumentalizar este asunto confundiendo al sector, en que no concuerda, no tiene un criterio unánime de este tema, por las dos cuestiones a las que se acaba de referir, en primer lugar lo que demanda supone una  ilegalidad, si quiere falsear hablando de un nuevo escenario legal que en todo caso no depende en primera instancia de la Xunta de Galicia, sin esa normativa básica y en segundo lugar porque la Xunta de Galicia ya hizo lo que podía hacer, y lo que legalmente podía hacer, con la creación de ese registro voluntario, que cuenta inequívocamente con el apoyo de Fegafón, y por todo ello no pueden apoyar  su iniciativa y votarán en contra.

De nuevo toma la palabra el Sr. Seco, que compartiendo el tema de la problemática que puede existir con personas que llevan muchos años en el sector de la fontanería, y no saben cómo conseguir esa acreditación de fontanero, solicita a la Xunta de Galicia que debería facilitar, ayudar, promocionar, que todos ellos tuvieran una formación adecuada. El Sr. Seco cree que están hablando de un tema que es intentar hacer que se cumpla la ley, y comenta al Sr. Gómez Salgado que son legisladores, parte de un cuerpo legislativo, por lo cual vienen a exponer cuestiones basadas en leyes que existen, tanto a nivel Europeo, como Estatal, como Autonómico, no son simplemente altavoces de propaganda política. Sino de este tipo de cuestiones que son más de aspecto técnico qué de aspecto político. El Sr. Seco cree que deben poner estas cuestiones encima de la mesa, buscando soluciones comunes a un problema común, saliendo de esas discrepancias que pueda haber en el sector, en las diferentes asociaciones y achaca a la Xunta su posición a favor de un lado concreto (Fegafón), y no entiende por qué, cuando mantienen en el preámbulo del decreto “la experiencia de estos últimos años muestra que la economía sumergida creció exponencialmente en este sector como consecuencia, entre otras causas de la citada liberalización que supuso un drástico cambio en un sector tradicionalmente regulado”, y ciertamente hubo que hacer una ley, y comenta al Sr. Gómez Salgado que como legislador, tiene que saber que cuando la Unión Europea legisla, abre la posibilidad de que este tipo de actividades sean liberalizadas, y no lo establece el Gobierno del Estado, y comenta que es ahí donde se utiliza esa parte política, en esa exposición,  lo hacen las directivas europeas que hay que trasponer obligatoriamente a las leyes del estado, pero curiosamente un montón de comunidades no traspusieron esa cuestión, la Xunta  tuvo mucha prisa en hacerlo y Sr. Seco expone que dentro de la Directiva Europea y también de la legislación estatal hay fórmulas para buscar la manera de que ese registro no sea voluntario, que sea obligatorio, con una declaración responsable, o este tipo de cuestiones, que no fuese simplemente una marca comercial. La Xunta no puede renunciar a hacer esas labores de inspección. Por lo tanto, ese registro debería ser obligatorio porque no es solo que haya empresas de aquí, que vayan a hacer los trabajos con personas que no están formadas, sino que también vienen del extranjero con unos trabajadores en unas condiciones lamentables, y por lo tanto cree que deberíamos de establecer unos criterios:

1º) Para que no haya negocio en economía sumergida.

2º) Para que las condiciones del trabajo de los trabajadores sean las adecuadas.

3º) Para que no existan problemas en la seguridad de las instalaciones y en el medio ambiente.

Se está jugando con temas tan básicos como el agua potable y el saneamiento, son cuestiones que se debieron poner encima de la mesa, buscar fórmulas, etc., y saber qué es lo que se planteaba cuando sacaron el decreto el 23 de septiembre, y no contestaron absolutamente a nada, y siguieron con lo que ya se había planteado inicialmente,  en vez de sacar fórmulas para poder fiscalizar, controlar y hacer inspección, para que las empresas que trabajan en este sector lo hagan de la mejor forma posible, tanto para el bien de las cuentas de la economía de nuestro país, como para la seguridad, no solo de los consumidores, sino también de los trabajadores del sector.

El Sr. Martín Seco vuelve a repetir que existen muchas Comunidades Autónomas que lo tienen regulado y que por lo tanto la Xunta de Galicia podría tomar actuación con respecto a eso, ya que, como Administración responsable, deberían dar fe de lo que está pasando. Reitera el Sr. Seco que no es un tema político, tema de confrontación político; es un tema de una cuestión que se nos plantea que tiene todos los visos de una buena argumentación y por lo tanto se debían buscar soluciones que podrían venir derivadas de eso, de esas declaraciones responsables y de un registro obligatorio, que como les pedía en la exposición de motivos, cree que está legalmente bien establecido para que se pudiera implementar.